Histórico fallo: Diego León Montoya y Diego Rodríguez condenados a 35 años por la Masacre de Trujillo

Histórico fallo: Diego León Montoya y Diego Rodríguez condenados a 35 años por la Masacre de Trujillo

Después de décadas de impunidad, la justicia colombiana ha proferido una sentencia histórica, condenando a 35 años de prisión a los paramilitares Diego León Montoya Sánchez, alias "Don Diego", y Diego Rodríguez por su responsabilidad en la atroz Masacre de Trujillo. Este fallo, anunciado el 26 de junio de 2025, representa un significativo avance en la lucha contra la impunidad por uno de los episodios más oscuros y dolorosos del conflicto armado colombiano.

La Masacre de Trujillo, ocurrida entre 1986 y 1994 en el municipio del Valle del Cauca, fue una sucesión de actos de homicidio, tortura, secuestro y desaparición forzada que dejó un saldo de cientos de víctimas. Se caracterizó por la brutalidad de los crímenes, incluyendo el uso de motosierras, la generalización de la desaparición forzada y la desfiguración de cuerpos para evitar su identificación. Estos hechos, calificados como crímenes de lesa humanidad, tuvieron un impacto devastador en la comunidad, generando desplazamiento, desarticulación de organizaciones campesinas y un profundo trauma social.

La sentencia judicial establece que tanto "Don Diego" como Diego Rodríguez formaban parte de una compleja organización criminal dedicada al narcotráfico, la cual, en complicidad con miembros de la fuerza pública, incluyendo al mayor del Ejército Alirio Urueña Jaramillo (quien ya había sido condenado), perpetró estos crímenes con el objetivo de consolidar el control territorial y eliminar a la población civil que consideraban un obstáculo para sus intereses.

Para las víctimas y sus familias, este fallo, aunque tardío, es un reconocimiento fundamental a su incansable búsqueda de justicia. Durante años, enfrentaron la revictimización, la persecución y el silenciamiento, en un contexto de impunidad que parecía perpetuo. La condena de "Don Diego", quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, abre la expectativa de que eventualmente responda en Colombia por estos crímenes de lesa humanidad una vez cumpla su condena en el país norteamericano.

Este veredicto no solo sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia, sino que también refuerza la importancia de la memoria histórica y la persistencia de las organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que han acompañado a las víctimas en su larga lucha. Aunque el camino hacia una reparación integral y la no repetición de estos hechos sigue siendo un desafío, esta condena representa un paso crucial hacia la verdad y la justicia para las víctimas de la Masacre de Trujillo.

La Masacre de Trujillo es una herida abierta en el corazón de Colombia. No es solo un suceso histórico, sino la desgarradora memoria de vidas truncadas, familias destrozadas y un pueblo sumido en el terror. Entre 1988 y 1994, la brutalidad se ensañó con hombres y mujeres inocentes, víctimas de una alianza macabra entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública. 

Cada nombre en la lista de los desaparecidos y asesinados resuena como un grito de justicia silenciado. Trujillo, un municipio otrora apacible, se convirtió en el escenario de una barbarie incomprensible, donde la fe y la esperanza fueron puestas a prueba de la manera más cruel. 

Hoy, recordamos a las víctimas no solo para honrar su memoria, sino para exigir que tales atrocidades nunca, jamás se repitan. Su sacrificio debe ser el cimiento de una paz verdadera, construida sobre la verdad, la justicia y la no repetición. Que su dolor nos impulse a ser guardianes de la memoria y constructores incansables de un futuro donde la vida sea el valor supremo.